EL VALOR DE LA CERCANÍA "El Alfil, en el ajedrez, es el consejero. Cada pieza principal -el Rey y la Dama- tiene uno. Su función es el asesoramiento y la defensa."
Hay temas que el legislador regula una y otra vez, con los riesgos que
ello implica de empeorar la previa normativa. Así ha ocurrido con la
consideración de los contagios de COVID por el personal sanitario como
contingencia profesional. Y ello a pesar de que parece de Perogrullo que este
tipo de situaciones constituye claramente una contingencia profesional.
En
este blog somos muy prudentes a la hora de publicar una entrada y no solemos
hacerlo, especialmente de temas polémicos, hasta tener una base muy sólida para
ello. De ahí que la primera publicación sobre gastos hipotecarios y la
posibilidad de su recuperación por los prestatarios no tuviera lugar hasta que
el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto, en enero de 2019. La entrada –
que puede consultarse AQUÍ- ya era bastante clara al respecto desde su propio
título, que hacía referencia al final de los dibujos animados de mi infancia: “¡Esto
es todo, amigos! ¿O no?”.
El tiempo nos fue dando la razón. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2020, el Tribunal Supremo adaptó su jurisprudencia, inicialmente con una sentencia de 26 de octubre de 2020, nº 555/2020 que extendió la doctrina anterior a la totalidad de los gastos de gestoría, que de este modo también recaen sobre el prestamista. Para dar cuenta de esta ampliación, lo hicimos esta vez a través de un vídeo en el canal de Youtube que hemos actualizado con este otro
Por cierto, si no os habéis suscrito aún, os lo
aconsejamos, ya se sabe que muchas veces una imagen vale más que mil palabras.
Finalmente,
la semana pasada, el 27 de enero de 2021, una nueva sentencia del Tribunal
Supremo, la nº 35/2021, impone los gastos de tasación al prestamista.
Con
esto, queda cerrado el círculo de los gastos, manteniéndose aún la
incertidumbre sobre la comisión de apertura, aunque la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ya anticipó que tampoco procede su cargo al
prestatario.
Aunque
en breve publicaremos un vídeo en el canal de Youtube actualizado, el esquema
de lo reclamable a día de hoy, es lo siguiente:
1.- Los honorarios del notario
correspondientes a la matriz de la escritura así como las modificaciones
de préstamo hipotecario, POR MITAD.
2.- La escritura de cancelación
de la hipoteca, al PRESTATARIO.
3.- Las copias de
escrituras, a QUIEN LAS
SOLICITE.
4.- El arancel
registral por la constitución de la hipoteca corresponde al PRESTAMISTA,
mientras que el correspondiente a la cancelación,
al PRESTATARIO.
5.- El Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados, de conformidad con las sentencias de
Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al PRESTATARIO. La modificación
legal llevada a cabo por Real Decreto Ley 17/2018 no tiene efectos
retroactivos.
6.- Los gastos de gestoría
corresponden al PRESTAMISTA.
7.- Los gastos de tasación
corresponden igualmente al PRESTAMISTA.
Si alguno de nuestros lectores quiere conocer con más
detalle si tendría éxito su reclamación y a qué importe concreto podría ascender,
puede enviarnos un correo electrónico a alfilabogados@alfilabogados.es
adjuntando copia de su hipoteca y de sus facturas y le contestaremos a la mayor
brevedad.
Hoy,
21 de enero de 2021, entra en vigor el Código de Conducta sobre el uso de “influencers” en la publicidad acordado
entre la Asociación Española de Anunciantes (aea) y la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL).
El
concepto de “influencer” - a los que ya nos hemos referido en alguna entrada anterior como ESTA- es algo
etéreo, aunque se califica como tal en el Código a aquellas personas
que se considera tienen un alto nivel de influencia sobre el público por su
elevado número de seguidores en redes sociales y/o medios de comunicaciones
digitales y que interactúan tanto a través de tweets, videos y posts, como a
través de mensajes en blogs u otros. En este grupo se vienen incluyendo
los denominados “social media influencers”:
“bloggers”, “Youtubers”, “Instagrammers”
y “Facebookers”. Aunque, como es lógico, el nivel de
influencia dependerá en buena medida del número de seguidores que arrastre en
esas redes sociales.
Es
un hecho, socialmente demostrado, que la ropa que vista uno de estos
personajes, la recomendación que haga de tal o cual vehículo o perfume, o la
simple publicación de una fotografía suya en un lugar o con un objeto
determinado, ocasiona un efecto reflejo en sus seguidores que tienden a
imitarles, por lo que se han convertido en los últimos tiempos en instrumentos
de publicidad.
Y
el problema que se plantea es que en ningún momento se dice que estén
publicitando un producto a pesar de que, en muchas ocasiones, reciben pagos por
este tipo de recomendaciones, a veces en metálico, a veces mediante pagos en
especie.
Precisamente
por eso y para cumplir las obligaciones de publicidad lícita establecidas
legalmente, la Asociación de Anunciantes y el organismo de control de la publicidad
han decidido la aprobación de este Código, que sólo es obligatorio para sus
asociados, pero que indudablemente tendrá una repercusión general.
No
debemos olvidar que ya en enero de 2020 el Jurado de la Publicidad de
Autocontrol había emitido un dictamen en el que consideraba publicidad una
imagen subida por una conocida influencer
a su cuenta de Instagram, en la que mostraba un teléfono móvil y se refería en
términos favorables al mismo. Este dictamen no es vinculante ni para la influencer ni para la marca que utilizó
el sistema de publicidad, pero no deja de ser un precedente importante que
permitiría incluso el ejercicio de acciones judiciales.
El
Código de conducta, por tanto, es un paso adelante en la regulación de la
figura en orden a conseguir su delimitación y su régimen jurídico. De ahí que
la primera obligación que establece el Código para todos los asociados a sus
redactores, es la de incluir en sus contratos con influencers la referencia a su existencia y la obligación de su
cumplimiento.
Como
consecuencia de ello, se considerarán
menciones o contenidos publicitarios todas aquellas -gráficos, de audio
o visuales- que acumulativamente:
a.
Estén dirigidos a la promoción de productos o servicios;
b.
Sean divulgados en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos,
siendo la divulgación del citado contenido objeto de un pago u otra
contraprestación – que puede ser pago en dinero, entrega gratuita de un
producto, entradas gratuitas a eventos, prestación gratuita de un servicio,
cheques regalo, bolsas regalo o viajes- por
parte del anunciante o sus representantes;
c.
El anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido
divulgado (estableciendo previamente todo o parte del mismo y/o
validándolo). Consecuentemente, no tendrán la consideración de publicitarios y,
por tanto, no les resultará de aplicación el Código, a los contenidos que
tengan naturaleza puramente editorial, ni a los contenidos divulgados por influencers que respondan a su propia y
única iniciativa, sin relación con la empresa anunciante o sus agentes.
Esta
consideración como publicidad deberá ser claramente
identificable por los seguidores del influencer, de tal modo que se deberá incluir una indicación
explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza
publicitaria de tales menciones o contenidos, utilizando indicaciones
genéricas claras tales como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con” o
“patrocinado por”, o alternativamente descriptivas en función de la concreta
colaboración de que se trate (por ejemplo, “Embajador de [marca]”, “Gracias a
[marca]”, “Regalo de [marca]”, “Viaje patrocinado”, etc.). Además, esta indicación relativa a la naturaleza
publicitaria de la mención o contenido debe mantenerse o añadirse cuando el influencer comparte o “repostea” el contenido sujeto al Código
en otras redes, plataformas o páginas web.
Está por ver la eficacia de este Código, pero es innegable que supone un importante avance en la transparencia de un mercado tan importante que está llevando incluso a algunos de sus protagonistas a cambiar su residencia a un paraíso fiscal, como nos han informado días pasados los medios de comunicación.
NOTA.- La presente entrada es reproducción de la publicada por el autor, con esta misma fecha, en el Blog de Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Las escenas blancas que
ha dejado a su paso Filomena han generado abundantes fotos en las redes
sociales protagonizadas por ciudadanos que han disfrutado de la situación. Pero,
una vez pasado el momento de la diversión, toca afrontar los numerosos daños
que ha causado y que se ponen de manifiesto en los días siguientes.
El
próximo mes de febrero dará comienzo la primera edición del Curso de Experto en
Derecho Concursal, Reestructuraciones e Insolvencias, organizado por CEU-Fundación
San Pablo, en Sevilla y bajo la coordinación del abogado y profesor de Derecho
Mercantil, Felipe García de Pesquera Gago.
El
curso se imparte de forma semi-presencial, con sesiones presenciales y otras a
distancia y su programa completo se puede consultar AQUÍ.
Un
par de sesiones, en concreto las dedicadas al acuerdo extrajudicial de pagos, serán
impartidas por el socio de este despacho Joaquín José Noval Lamas.
Para
quienes estén interesados en el Curso, que se produce en un momento muy
oportuno al haber entrado en vigor recientemente el texto refundido de la Ley
Concursal, la matrícula se encuentra ya disponible.
Como es habitual, antes de la finalización del año, se ha
publicado en el BOE la Resolución por la que se establece a
efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles para el año
2021. En concreto, Resolución de 4 de diciembre de 2020, publicada en el BOE
del 14 de diciembre, que puede consultarse AQUI.
Una vez terminado el año y hecho balance del mismo, toca reflexionar sobre el nuevo período que se abre ante nosotros (artificialmente, claro, porque el tiempo no tiene más medida que la que el ser humano le impone).
