Lecciones de casación

 

En la vida profesional, antes de nada, hay que ser consciente de los propios límites. Si a un médico-pediatra le preguntan una cuestión de cirugía cardiovascular, lo más sensato es que rechace contestar, sobre todo si es en el ámbito profesional.

Lo mismo debe ocurrir en la profesión jurídica. Si uno es el “rey de los pleitos”, lo más probable es que no tenga ni idea de cómo tributa la constitución de un usufructo temporal (ni falta que le hace). Y lo mejor que puede hacer es derivar al cliente a un colega que pueda atenderle mejor.

Entre las cuestiones jurídicas más complicadas que existen figura el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no sólo no es una tercera instancia, sino que además existe un detallado acuerdo del propio Tribunal sobre cómo redactarlo y en qué supuestos es admisible. De ahí que para los abogados “de provincias” resulte siempre un reto acudir a esta vía que, muchas veces, declinamos en favor de alguien más ducho en el tema.

Y es una alegría hacerlo porque, de vez en cuando, el Tribunal Supremo que, a menudo tiene cierta manga ancha con los recursos de consumidores frente a entidades bancarias, se revuelve y da una …

Un ejemplo lo tenemos en la sentencia núm. 151/2018, de 15 de marzo –que podéis consultar AQUÍ- que desestima el recurso de casación porque “la invocación simultánea de 28 preceptos supuestamente infringidos, pertenecientes a tres normas heterogéneas, de las cuales una es de naturaleza administrativa y otra (el TRLGCU) ni siquiera estaba en vigor cuando se firmó el contrato litigioso, provoca que el recurso sea inadmisible”.

Como aclara la propia sentencia, “la imprescindible claridad y precisión del recurso de casación, implícitamente exigidas en el art. 477.1 LEC, requieren una estructura ordenada que posibilita un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del Derecho infringidos. Y además, que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitirla individualización del problema jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo que se limite a la genérica afirmación de que la sentencia yerra en la decisión de los extremos que se indican, quizás admisible en las instancias, pero inadecuada a la casación”.

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