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Aplicación Consultas Jurídicas
viernes, 31 de enero de 2014
LA REVOCACION DE DONACIONES
Esta mañana leía una noticia que me resultó curiosa (y
que se puede leer aquí): una mujer reclama a su marido el riñón que le donó,
tras haberle sido infiel. Al parecer, la protagonista de la noticia, una
mujer británica, se divorció al poco tiempo de su marido al que había donado un
riñón debido a la mala calidad de vida que éste tenía por precisar de diálisis
permanentemente, siendo la causa del divorcio la infidelidad. No especifica la
noticia más datos sobre la supuesta reclamación de la señora, aunque, ya fuera
del titular, se matiza en el sentido de atribuirle a la señora la siguiente
frase: «Le odio. Si pudiera, cogería el
riñón y se lo donaría a otra persona que de verdad se lo merezca».
En definitiva, el titular de la noticia no era fiel
reflejo de la realidad contenida en el resto del texto, pero ya había
conseguido la finalidad buscada: picar la curiosidad de este lector y provocar
la redacción de este divertimento.
Porque, ¿sería posible una revocación de la donación del órgano en los mismos
términos que establece el Código Civil para determinados supuestos?
Uno de esos supuestos más frecuentes es la revocación
por ingratitud, que el art. 648 de nuestro Código establece para los supuestos
en que el donatario cometiera algún delito contra la persona, la honra o los
bienes del donante; le imputara algún delito o, finalmente, le negara
alimentos.
Si nos atenemos al texto del precepto, es evidente que
la mera infidelidad conyugal no estaría amparada en ninguno de estos supuestos.
Pero, ¿y si lo estuviera? Si nos encontrásemos ante un supuesto en que el
donatario negase alimentos al donante, ¿podría revocarse la donación de un
órgano?
La contestación a esta cuestión es negativa, como es
lógico y nos recuerda el viejo brocardo de todos conocido: “Santa Rita, Rita…”[1]. Pero, ¿dónde lo apoyaríamos si tuviéramos que hacerlo judicialmente?
La
regulación de las donaciones de órganos se contiene en una ley con bastantes
años de vigencia, la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y
trasplante de órganos. Su desarrollo reglamentario ha sido actualizado
recientemente a través del Real Decreto 1723/2012, de 28 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación
territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen
requisitos de calidad y seguridad. Además, existe normativa autonómica en
materia administrativa (al ser la Sanidad competencia de las Comunidades Autónomas),
así como la Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los
órganos humanos destinados al trasplante, que es objeto de transposición
precisamente a través del Real decreto.
La regulación contenida en la Ley es muy parca y se limita a los principios generales de gratuidad en la donación y de pleno y expreso consentimiento del donante en los casos en que se trate de una persona viva.
El Real Decreto -que ocupa nada menos que 34 páginas del BOE- incluye la definición de “donación”, entendiendo por tal la “cesión de los órganos para su posterior trasplante en humanos”. Nada dice sobre la revocabilidad de estas donaciones pero, si acudimos de nuevo al viejo Código Civil, encontramos que la cesión de bienes se regula como una forma de pago en el art. 1175, según el cual el deudor podrá ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. La cesión de un derecho de crédito también está regulada en el Código en los arts 1526 y ss, bajo el título “De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales”.
De todos estos preceptos se desprende que la donación de un órgano implica su cesión y que ésta consiste en la transmisión de la titularidad de un bien o un derecho con carácter definitivo, sin posibilidad de vuelta atrás. Por lo que habrá que concluir que, si fuese aplicable nuestro ordenamiento jurídico, la despechada donante no podría recuperar el riñón que altruistamente donó a su esposo. Únicamente le quedaría la posibilidad de alegar que su voluntad no se formó debidamente por estar locamente enamorada del mismo
[1] Para
quienes no me leen en castellano, aclaro que se trata de un juego de palabras
que continúa así: Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita, reafirmando el
carácter definitivo de los regalos y donaciones.
lunes, 27 de enero de 2014
NULIDAD DE LA CLAUSULA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE LA HIPOTECA
La sentencia es interesante
porque abre un nuevo frente en la
batalla contra las cláusulas abusivas en los contratos bancarios y requiere, a nuestro juicio, un
reposado análisis dada su trascendencia, que excede este ámbito, por lo que nos
limitaremos a exponer sus argumentos fundamentales:
1. La
sentencia parte de considerar la venta extrajudicial como un procedimiento de
ejecución de la hipoteca. Igualmente, reconoce que la cláusula cuya nulidad va
a declarar “no es más que la reproducción de las facultades contenidas en el
art. 129 LH y de los arts. 234 y ss RH para que la entidad prestamista ejecute
la garantía real ante el eventual incumplimiento de la obligación garantizada”.
2. La
sentencia considera que, aunque la legislación procesal es competencia
exclusiva de los Estados y no de la Comunidad, “en la medida en que el cauce
procesal regulado merme o dificulte al consumidor hacer efectivo el ejercicio
de los derechos que la Unión Europea confiere a los consumidores, en virtud del
principio comunitario de efectividad, el Juez comunitario está habilitado para
inaplicar sin más la normativa procesal nacional”.
3. Aplica
la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 en lo que atañe al doble
filtro de transparencia en contratos con consumidores, lo que permite analizar
el contenido de la cláusula y no la simple adecuación formal a los requisitos
de claridad, comprensión y legibilidad establecidos.
4. En
base a ello fija el nudo de la cuestión en el desequilibrio entre los derechos
y obligaciones de las partes, concluyendo que “este desequilibrio se produce si
el predisponente obliga al adherente a acudir a un procedimiento legal que
suponga una merma de derechos que produzca un perjuicio injustificado para el
consumidor, y ello con independencia del carácter legal o no del procedimiento
establecido” añadiendo que tal merma de derechos “únicamente puede entenderse
como tal si el estatus del consumidor en un procedimiento judicial de ejecución
hipotecaria es distinto de su estatus en un procedimiento de venta
extrajudicial, y esa diferencia de trato no encuentra una justificación
razonable”.
5. La
sentencia, amparándose en el informe del Consejo General del Poder Judicial de
25 de julio de 2013, emitido en relación con el proyecto de Real Decreto que reformará el Reglamento Hipotecario en relación con este procedimiento, (y que se puede consultar AQUI), concluye que existen
diferencias sustanciales entre el procedimiento de ejecución notarial y el
judicial que perjudican al consumidor :
a.
El control de oficio de las cláusulas abusivas
consagrado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está
dirigido a los jueces, no a otros funcionarios públicos como los notarios.
b.
La suspensión del procedimiento extrajudicial
requiere el ejercicio previo ante un órgano jurisdiccional de la pretensión de
nulidad por abusividad de una cláusula así como la adopción de una medida
cautelar que lo acuerde, a diferencia del procedimiento judicial en el que
suspensión se produce automáticamente.
c.
Los efectos de la declaración de nulidad de una
cláusula abusiva son distintos en uno y otro caso. Si la nulidad se declara en
el seno de un procedimiento judicial, puede conllevar el sobreseimiento del
procedimiento si afecta a una cláusula fundamentadora de la ejecución o a
eliminar la cláusula declarada abusiva; en cambio, si un órgano judicial
declarase la nulidad de una cláusula abusiva tan sólo provocaría
efectos en el procedimiento de venta extrajudicial si afectara al fundamento de
la ejecución, no cuando afecte a elementos accesorios.
Como indicábamos al principio, es
preciso un mayor estudio de la resolución y de los materiales a que hace
referencia pero en cualquier caso, no nos resistimos a llamar la atención del
lector sobre una cuestión práctica que convierte, a nuestro juicio, la
sentencia en una victoria pírrica para los consumidores: ¿acaso no es más perjudicial para el consumidor
una ejecución judicial de un préstamo hipotecario por los mayores costes que en
general tiene y que, finalmente, se repercutirán al deudor? Precisamente sobre el carácter más beneficioso para el deudor de este procedimiento de ejecución ya se ha escrito (AQUI), proponiéndose incluso que el deudor pudiese optar por el mismo en vez del más largo y caro proceso judicial.
En cualquier caso, como indicamos al principio de esta entrada, el tema merece una reflexión más pausada y una mayor extensión en el resultado.
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miércoles, 15 de enero de 2014
MAS SOBRE TASAS JUDICIALES
Hace un par de días, charlando con un compañero –y buen
amigo-, me comentaba que la Audiencia Provincial de Sevilla estaba tramitando
sus recursos en tiempo “récord” mientras que hace un par de años, la media en
recibir una sentencia era de al menos un año o más. La razón, sin duda, está en
la ausencia de recursos provocada por las tasas judiciales que hace
prácticamente inalcanzable la segunda instancia.
“Visto el tiempo transcurrido sin que hayan
sido devueltos por el Juzgado
de Primera Instancia los autos
originales con las diligencias que fueron acordadas; recuérdese su urgente cumplimiento mediante atento oficio”
Las diligencias acordadas consistieron en devolver los autos
al Juzgado por no constar el pago ni del depósito previo ni de las tasas
judiciales y se acordaron en Diligencia de ordenación de CINCO DE DICIEMBRE DE
2013. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia tuvo por recibidas las
actuaciones y requirió a la apelante el justificante de los pagos mediante
diligencia de ordenación de 30 DE DICIEMBRE DE 2013.
En definitiva, la Audiencia Provincial tiene tiempo
suficiente para revisar mensualmente sus “asuntos pendientes”, lo que evidencia
una disminución del número de asuntos que tramita auténticamente “bestial”.
Buscando estadísticas por la red, he encontrado una
referencia de un artículo publicado en El Derecho por Vicente Magro Servet,
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante –y que puede consultarse aquí
.
Según se indica en el artículo, en materia de recurso de
apelación tramitado por las Audiencias Provinciales, se ha producido “al
cierre de la estadística del primer semestre del año 2013, un descenso del 35%
en las cifras del registro de los recursos de apelación presentados en
comparación con el cierre del primer semestre de 2012”. Añadiendo además que la
mayoría de esos recursos son presentados por personas jurídicas, dato éste aún
más preocupante.
La conclusión a la que
se puede llegar, conjugando los datos abstractos y el concreto de la diligencia
de ordenación que da origen a esta entrada, es que … pronto veremos algún ERE
en alguna Audiencia Provincial.
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martes, 7 de enero de 2014
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN CABALGATAS DE REYES
Dice el refrán popular que “las costumbres se hacen
leyes”, emulando de ese modo al sistema de fuentes de nuestro Derecho
establecido en el art. 1 del Código Civil.
Pues bien, se está convirtiendo en costumbre –y no
descartamos por tanto que algún día se haga ley formal- que en los días
siguientes al 5 de enero, día en que SSMM los Reyes Magos de Oriente pasean sus
carrozas por ciudades y pueblos (e incluso barrios) derramando sobre la
ciudadanía, especialmente sobre los más pequeños, no sólo la inmaterial ilusión
propia de la jornada sino también la más material de caramelos y juguetes,
algún ciudadano sufra daños de mayor o menor entidad y proceda a su denuncia
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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