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miércoles, 28 de mayo de 2014

EL DESISTIMIENTO EN EL CREDITO AL CONSUMO


Es un hecho conocido que cuando alguien tiene un tema en mente, todo gira en torno al mismo y suele encontrarlo por todas partes. Por eso, cada vez más caen en mis manos resoluciones relativas al derecho de desistimiento. Así ocurre con la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 24 de abril de 2014 (JUR\2014\137897).

Se trata de un procedimiento que insta D. Alexander (algún día, tendremos que hacer un post sobre los nombres ficticios de los interesados y las resoluciones judiciales publicadas) contra una clínica dental y una Caja Rural que financiaba el tratamiento contratado con la clínica.

Según parece, tras contratar un tratamiento dental y suscribir la oportuna “póliza-solicitud de préstamo” para su financiación, el actor desistió de la operación porque no le interesaban sus condiciones. Al mismo tiempo, y según se desprende de la sentencia, el actor manifiesta que la clínica se negó a realizar la operación bucal contratada.

Como consecuencia de esto, insta una demanda de reclamación de daños y perjuicios al amparo del art. 1101 Cc por incumplimiento del contrato, reclamando diversas cuantías por daños materiales y morales. Los incumplimientos los centra en la negativa de la clínica a realizar la operación y la negativa de la Caja Rural a atender su petición de desistimiento de la operación.

El planteamiento que hace del recurso la Audiencia Provincial parte de la acción ejercitada, por lo que “distribuye” los daños reclamados entre los que supuestamente serían responsabilidad de la clínica (diferencia de precio entre el pactado y el pagado en otra clínica; prolongación del periodo de baja médica con disminución de ingresos laborales) y aquellos otros que serían imputables a la entidad financiera (daños morales por alta en “registro de morosos”, reclamación de un monitorio, coste fiscal del rescate de un Plan de Pensiones al no poder obtener financiación en otra entidad por estar dado de alta en el “registro de morosos”). Por ello, entra a determinar si hubo o no incumplimiento por parte de cada uno de estos supuestos responsables.

Por lo que al derecho de desistimiento se refiere, el nudo gordiano del asunto es determinar si se ejercitó o no en plazo, pues en caso afirmativo, la actuación de la Caja al no admitirlo no sería acorde con el contrato y la norma, lo que determinaría la estimación de la demanda y la eventual condena al pago de los daños sufridos por el actor.

La sentencia no nos facilita todos los datos al respecto, entre otras cosas porque no se indica en la misma la fecha de la póliza de préstamo, pero el hecho de que el actor alegue la falta de información sobre el derecho de desistimiento nos pone de manifiesto que debió ejercitarse fuera del plazo inicialmente establecido y que la pretensión de falta de información iba dirigida precisamente a conseguir la ampliación del plazo.

En este sentido, la Audiencia es contundente: el derecho de desistimiento aparece reconocido en la póliza y por tanto es conocido plenamente por el actor, sin que a ello se pueda alegar que su firma está en el anverso y la información en el reverso de la misma. En conclusión, “don Alexander aceptó las condiciones, e incuestionablemente si lo hizo fue porque conocía y las tenía a su disposición, debiéndose de insistir nuevamente en la disponibilidad absoluta del documento por parte del aludido para su estudio, sin que de otro lado se haya acreditado ningún tipo de artificio o situación que revele la intención de la contraparte de ocultar al recurrente las condiciones de su contrato”.

Por otro lado, la Audiencia considera como obvio –no para nosotros, que, insistimos, no conocemos la fecha de la póliza- que el desistimiento no se produjo en los siete días establecidos en el contrato.

Llama la atención por último que se resuelve sobre la alegación del recurrente sobre la ilegalidad del referido plazo –fijado en el contrato en siete días-, al no ser acorde con el art. 28 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo, que establece el plazo de CATORCE DIAS NATURALES. La Audiencia simplemente rechaza este alegato por haber entrado en vigor después de la firma del préstamo.

Lo sorprendente de este alegato –y sobre lo que nada indica la Audiencia- es que, con anterioridad a la Ley de 2011, su predecesora, la Ley 7/1995 de crédito al consumo NO CONCEDIA AL CONSUMIDOR DERECHO DE DESISTIMIENTO ALGUNO, por lo que, de conformidad con la regulación general del mismo, contenida en el Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios (Real D. Legislativo 1/2007), al tratarse de un derecho no reconocido en norma sino concedido contractualmente, debe estarse a lo pactado en el contrato. Así se desprende del art. 68.2 y 79 del referido texto legal.

Las conclusiones que cabe obtener de este pronunciamiento, a mi juicio, son dos: una, que el derecho de desistimiento es aún una institución no suficientemente conocida y  manejada por los operadores jurídicos (abogados y Tribunales); y dos, que resulta de gran utilidad la unificación de plazos que ha venido a imponer la Directiva de 2011 y su trasposición a nuestro Ordenamiento jurídico llevada a cabo por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.

 

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