Boletines (newsletters) en exceso.

 

 

Como saben mis seguidores, me gusta ser un acaparador de conocimientos. No sólo jurídicos, sino en general. Y eso me lleva a suscribirme a todo tipo de boletines con temas diversos: jurídicos la mayoría, pero también otros sobre inversiones, marketing, inteligencia artificial o literatura.

 

Salvo las jurídicas y las puramente lúdicas (las literarias, básicamente), las demás las suelo mantener porque siempre aparece alguna idea que o bien tiene aplicación práctica en mi vida profesional o bien me da pie a estudiar algún tema que pueda repercutir en mis seguidores.

 

Entre las primeras, y por citar un ejemplo, hubo una que me sugirió una aplicación para convertir las entradas de blog en vídeo y desde hace un tiempo publico algunos en el canal de youtube, como éste: 

 

Entre las segundas, tengo pendiente de escribir de varios temas que me van surgiendo bien en boletines bien en algún podcast que también sigo. Un tema interesante es el del “exit tax”, del que ya he escuchado en dos ocasiones y me parece apasionante.

 

Pero de vez en cuando tengo que “hacer limpieza” y desuscribirme de algunos boletines que en su día me parecieron interesantes pero que, con el tiempo, se vuelven monótonos. Normalmente, porque lo único que hacen es tratar de vender sus productos de pago, sin dar ningún tipo de información útil.

 

Acabo de hacerlo con una newsletter concreta. No voy a indicar el nombre (ya sabéis que se dice el pecado pero no el pecador). Un nombre atrayente, un lenguaje deliberadamente soez, unas referencias vulgares al pasado (la mochila de Pocholo, el Vaquilla y el Torete, Marco y Heidi…) y, sobre todo, una publicidad permanente de su “membresía”; de pago, obviamente. Pero ni una idea aprovechable. Sólo conceptos genéricos y nada más. Es decir, humo.

 

He hecho una prueba. He dejado de leer varios de sus correos, acumulando cuatro. Acabo de ver los 4 al mismo tiempo. El más reciente, simple publicidad de su membresía; otros dos contando una chorrada (por aquello del “copywriting”) y terminando con la publicidad de su membresía; y el último con una clasificación de las personas basada en conceptos generales y con clara profusión de lenguaje soez para hacer atractivo el hilo conductor. Y ¿sabéis cómo termina este último correo? Efectivamente, con la publicidad de su membresía.

 

Frente a este tipo de newsletters-boletines, hay otros como el de Enrique Dans, al que me suscribí hace ya varios años y que leo prácticamente a diario (en realidad, él publica una entrada en su web cada día y recibo el boletín con su contenido al día siguiente; a mí, a veces, se me acumulan). En una de sus entradas, que conservo, se refería a sus boletines y al número de suscriptores que tiene, para concluir que no le importa el número sino que lo realmente relevante es que lo sigan aquellos que tengan interés en leerlo, por lo que su objetivo no es tanto engrosar la lista de personas que reciben su newsletter sino el porcentaje de quienes abren los correos. En definitiva, de la tasa de apertura. Tal y como indica el propio autor en esta entrada que podéis leer completa clickando, 

 

"¿A qué se debe eso? Básicamente, a que jamás he suscrito a nadie a mis correos. Quien quiere recibirlos, se apunta en la página, tiene que hacer un proceso de doble opt-in, y a partir de ahí, puede darse de baja fácilmente cuando quiera. Si no los abre es porque no quiere, pero sabe que en cualquier momento puede dejar de recibirlos, y sabe que si los recibe, es porque lo pidió expresamente. Tener más suscriptores en la lista no me obsesiona: lo que quiero es que estén suscritos aquellos que tienen interés en recibir mis artículos, sin más".

En ese sentido y por lo que respecta a mi boletín de novedades legales, estoy muy contento porque la tasa de apertura que tengo supera el 60% en cada boletín. Es cierto que el número de personas que lo recibe no es muy alto (en la actualidad, 225 destinatarios), pero lo importante es que más de la mitad está interesado en su contenido, como puede observarse en las estadísticas

 

Por eso, no puedo más que dar las gracias a mis lectores por la fidelidad que supone no sólo darse de alta en una lista de correo (con el riesgo que supone de spam), sino, sobre todo, por seguir interesados en el contenido de las novedades que publico. GRACIAS.

 

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Apagón eléctrico, capítulo II: los plazos administrativos

 

Si en el primer capítulo de esta serie dedicada al apagón eléctrico y sus consecuencias legales nos referíamos a los plazos procesales (podéis verlo íntegramente pinchando AQUÍ), vamos a dedicar este otro a los plazos administrativos.

 

La primera administración en reaccionar –lógico, teniendo en cuenta que es la que cuenta con más y mejores medios- fue la Agencia Tributaria, que publicó en su web el acuerdo por el que se amplió hasta el 30 de abril los plazos que tuvieran como fin los días 28 y 29 de abril.

 

Según el propio acuerdo, se incluía entre los mismos aquellos que consistieran en:

 

a.      Presentación de declaraciones-liquidaciones, así como de comunicaciones u otras obligaciones de carácter formal.

b.     Presentación de alegaciones y presentación de pruebas en procedimientos de aplicación de los tributos y aduaneros, así como para atender requerimientos.

c.      Realización de pagos.

d.     Interposición de recursos de reposición.

 

EL 30 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la Orden PJC/414/2025, de 30 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2025, por el que se determina la aplicación de la ampliación de términos y plazos administrativos como consecuencia de la interrupción generalizada del suministro eléctrico acaecida el 28 de abril de 2025.

 

En este acuerdo se determinó que la ampliación de los términos y plazos administrativos podrá extenderse, en los casos en que se hayan visto afectados por la interrupción generalizada del suministro eléctrico producida el 28 de abril de 2025, hasta las 0.00 horas del día 6 de mayo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

No creo que ningún órgano administrativo de ninguna Administración se lo plantee, dada la excepcionalidad de la situación, pero lo acordado no es más que la POSIBILIDAD de extensión de los plazos y queda reducida a los supuestos en que se hayan visto AFECTADOS POR LA INTERRUPCION GENERALIZADA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO.

 

Finalmente, la Junta de Andalucía también ha adoptado medidas al respecto mediante el Acuerdo de 30 de abril de 2025, del Consejo de Gobierno, por el que se amplían los plazos en los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía.

Esta norma acuerda la ampliación general de tres días hábiles, respectivamente, de los plazos en todos los procedimientos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos los de naturaleza tributaria, cuyos vencimientos hubieran sido los días 28 y 29 de abril.

 

Además de esto, se añaden normas que aclaran otros aspectos:

 

1.       Así, se prevé también la ampliación por el mismo periodo de tres días hábiles de aquellos plazos establecidos por días, en cuyo cómputo estuvieran comprendidos los días 28 y 29 de abril de 2025.

 

2.       Además, se aclara que esta ampliación no afecta al cómputo de los plazos fijados por meses o años.

 

 

3.       Si esos plazos, fijados por meses o años, tuvieran su vencimiento los días 28 o 29 de abril sí se aplicaría la ampliación de tres días hábiles más.

 

Como conclusión, podemos decir que también las Administraciones han actuado con celeridad de la manera más favorable posible al ciudadano para evitarle perjuicios ante la situación excepcional ocasionada con el apagón eléctrico del pasado lunes 28 de abril.

 

En la próxima entrada ya entraremos a analizar las distintas posibilidades de reclamación por los daños sufridos.

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